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Democracy

Entrevista con Su Señoría Santiago Vidal i Marsal, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona

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Tuve recientemente la oportunidad de entrevistar a Santiago Vidal, Magistrado de la Audiencia de Barcelona y reconocido catedrático de derecho constitucional. Nos reunimos en su despacho en el Palau de la Justicia en Barcelona para hablar de las implicaciones constitucionales y legales del “proceso catalán” y su visión del futuro de España. Lo que sigue es un resumen de nuestro diálogo, no un relato textual. Las opiniones expresadas pertenecen a las personas entrevistadas y ninguna declaración de hechos ha sido verificada por mí. Cualquier error en expresión o en traducción es responsabilidad mía. Los participantes han tenido la oportunidad de revisar este documento antes de su publicación.

palaudelajusticia

(CS) En Mayo 2014, participó en la redacción de un modelo para una hipotética constitución catalana,  una colaboración que provocó cierto cuestionamiento dentro del CGPJ. ¿Cómo fue eso?

(Sr. Vidal) Empezamos un equipo de juristas, no estaba trabajando yo solo; cuatro jueces y seis catedráticos de jurisprudencia constitucional. Empezamos a trabajar en lo que se podría llamar un borrador, que le pueda servir en algún futuro a quien tendrá la legitimidad para crear una nueva constitución si al final Catalunya fuera a convertirse en estado independiente. No pretendemos suplantar aquella autoridad ni condicionar su trabajo en lo mínimo. La labor y la responsabilidad por la nueva constitución sería del parlamento constituyente.

El Consejo (General del Poder Judicial) también quería informarse sobre mi participación en esta obra. Les expliqué que ha sido un esfuerzo propio; no nos comisionó nadie ni ha sido a iniciativa de ningún partido, entidad privada ni órgano oficial. Es una iniciativa colectiva además de ciudadanos, que también son juristas expertos, con un gran entusiasmo por este ejercicio hipotético. Y con la esperanza de que se haga realidad, por supuesto.

De todos modos, no creo que lo veamos antes del 2017. Difícilmente se dará las circunstancias antes. Lo más importante es que todo acabe de manera pacífica.

(CS) ¿Qué contiene el “borrador” constitucional? ¿Cuál es el modelo de estado propuesto?

(Sr. Vidal) Proponemos una república – no presidencialista – similar a lo que hay en Alemania. Una república catalana, no una monarquía: las monarquías han quedado como reliquias del pasado europeo. Las que han sobrevivido tienen su “charm”, su encanto sentimental, pero no sirven para nada.

Establecemos el derecho a convocar un referéndum revocatorio, como en Suiza, para aquellos oficiales públicos municipales y estatales que no cumplan con sus promesas electorales o que hayan abusado de su puesto de forma flagrante. Lo mejor sería que éstos fueran a dimitir, pero como sabe, nadie en este país dimite, entonces queremos establecer un mecanismo para que se les pueda derrocar.

Sería un sistema unicameral, comprendido en un solo congreso. También quisiéremos establecer una prohibición constitucional para evitar que cualquier partido política gozase de una mayoría absoluta en la cámara. Independientemente del número de votos electorales que fuera a recibir, la máxima representación que podría recibir un partido sería el 49% de los escaños. Las mayorías absolutas se han demostrado ser muy malas para las sociedades; siempre llevan a la corrupción, a la arbitrariedad y a los abusos. En España, hemos tenido malas épocas de mayorías absolutas, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Nos parece que los partidos siempre tendrían que negociar cualquier cambio legal de raíz fundamental. Creemos que está solución es aún mejor que las mayorías cualificadas, porque se aplicarían a la legislatura entera, no solo a determinadas leyes.

También recomendamos fijar dos legislaturas como límite máximo para todo político, independiente del nivel a que se ejerce  tanto municipal, como regional o estatal. Ocho años son suficientes para el servicio público, no ha de convertirse en una carrera donde los políticos se enclavan en sus puestos. Ellos también han de  buscarse la vida y consideramos que esto es lo más sano: que los políticos tengan experiencia vitalicia fuera de la política.

Cabe mencionar que aunque el Idioma oficial de la república seria catalán naturalmente, la constitución ha de reconocer la co-oficialidad del castellano.  No hacerlo sería una estupidez, y no somos estúpidos.

(CS) El Tribunal Constitucional ha aceptado el argumento del gobierno español contra la Ley de Consulta que ha firmado el Presidente Mas, y ha suspendido todo preparativo y comunicación oficial sobre dicha consulta.

(Sr. Vidal) Con un matiz: lo que se llama la suspensión cautelar no permite ningún acto ejecutivo que podría vulnerar dicha suspensión. Pero nombrar la comisión organizativo – es un acto ejecutivo o no? Mientras no tenga ninguna consecuencia inmediata no es ejecutiva: el único acto ejecutivo fue la firma de la Ley de la Consulta, la cual fue anterior a la suspensión cautelar. El nombramiento de la comisión es un acto de naturaleza preparativa, no ejecutiva, con los cual se puede seguir trabajando. También, por ejemplo, la preparación de urnas no es un acto ejecutivo es preparatorio y no comprende una vulneración de la suspensión. Un acto executivo obliga a una acción; un acto preparatorio puede facilitar la acción, pero no lo obliga. Si el Tribunal Constitucional no levanta la suspensión antes del 9 de Noviembre, no ha pasado nada: las urnas no se usan y la comisión no obliga a celebrar la consulta, seguirá con sus preparativos.

Esto es de lógica: el Tribunal Constitucional podría decidir el día 7 de Noviembre que se levanta la suspensión y entonces la Ley de Consulta volvería a entrar en vigor, pero no habría tiempo para implementarla. Para poder cumplir con la ley, habría que estar preparado; esto no contradice las condiciones de la suspensión cautelar.

Ahora hay algunos que acusan al Sr. Mas de despreciar al orden de la Tribunal o de malversación de fondos públicos por seguir con los preparativos. No es así: no es malversación gastar dinero que ya fue autorizado y presupuestado por acto del Parlament, es llevar a cabo lo que se ha aprobado. Es más: como Presidente, el Sr. Mas tiene la obligación de cumplir con la Ley de Consulta siempre que no esté en conflicto con la suspensión. Y ya he dicho que el único acto ejecutivo hasta el momento ha sido la firma de la ley.

(CS) ¿Cuál es el proceso que ahora seguirá el TC en sus deliberaciones? ¿Cuánto podrá tardar en dar su fallo?

(Sr. Vidal) Es cierto que el Tribunal Constitucional  no es históricamente uno de los órganos de mayor celeridad. Cuando anulo grandes partes del estatuto catalán reformado en 2010, tardaron cuatro años y medio. La ley no fija un periodo máximo para resolver estos temas; pero sí fija un periodo máximo para la suspensión cautelar: es de 5 meses. Pero yo confío que mis colegas del Tribunal resuelvan el tema de la suspensión cautelar mucho antes. Ellos han visto la enorme demostración de la voluntad de los ciudadanos catalanes y creo que lo van a tener en cuenta.

Mi creencia, y mi deseo, es que antes del día 9 (de noviembre) se levantará la suspensión. La decisión final sobre los temas más a fondo puede tardar más, porque la votación del 9 no es vinculante, no es irreversible. Es una consulta no vinculante.

(CS) Pero nadie cree que no tendrá un enorme impacto si se llega a celebrar.

(Sr. Vidal) Por supuesto que tendrá un impacto político, está claro; pero no será vinculante jurídicamente. Eso es lo fundamental. Nadie podrá decir: “mire Vd, ahora tiene que implementar la decisión de la consulta, o si no le llevamos a juicio.” Es una diferencia muy importante, es fundamental.

Me molesta mucho que se use tanto y tan alegremente la palabra “referéndum”: no es un referéndum, es una consulta. Podrían decir que solo se está jugando con las palabras, pero no es así, es muy importante jurídicamente. Una consulta, por no ser vinculante, no infringe el artículo 92[1] de la Constitución; nadie lo discute. También se dice que “solo es un referéndum encubierto,” pero eso es una interpretación, una opinión. El único que puede dar una interpretación definitiva es el Tribunal Constitucional.

(CS) ¿Cuáles son los argumentos pro- y contra la constitucionalidad de la Ley de Consulta? ¿Habrá representantes de ambos lados o el TC toma su decisión en solitario?

(Sr. Vidal)  El Constitucional ha pedido al Consejo del Estado, que es un órgano del gobierno español,  y al Parlament de Catalunya que presenten argumentos para poder analizar. El plazo para presentar dichos argumentos se acaba el 14 de octubre. Luego, cualquier día en cualquier momento, se puede reunir el Tribunal en pleno – como hicieron el 29 de septiembre![2] – para deliberar sobre las diferentes implicaciones y legalidad de la Ley de la Consulta.

El primer tema que tratarán será si levantan o no la suspensión; pero la parte de fondo tardará varios meses por su enorme importancia e implicaciones para la nación.

(CS) Si se llegara a celebrar la consulta el 9 de noviembre y ganase el “SíSí” y en el caso de una aceptación del resultado por el estado español ¿cuáles serían los siguientes pasos desde el punto de vista constitucional y jurídico? ¿Cómo funcionaría una hipotética transición bajo esas circunstancias?

(Sr. Vidal)  El paso siguiente sería en los próximos 3 o 4 meses que el Parlament adoptara una resolución dirigiéndose al Congreso de los Diputados para solicitar la modificación de la Constitución, concretamente del Artículo 2, que trata de la indisolubilidad del estado. Acorde con el Ley Orgánica 42.14, el estado español estaría obligado a convocar ese debate – luego lo que se decida es otro tema, claro!

Lo que podría suceder sería pura especulación de mi parte.  El sentido común debería guiarnos en este tema; el Congreso tendría delante una expresión de la voluntad de millones de catalanes. Al final, tendría que haber una negociación entre los dos gobiernos, las dos naciones. Habría que afrontarlo.

(CS) Se ha hablado en la prensa española sobre la amenaza de “suspender” el estatuto de autonomía de Cataluña recurriendo al artículo 155 [3] si la Generalitat no fuera a obedecer al fallo del TC y al gobierno central. ¿Cuáles son las herramientas legales y jurídicas disponibles al gobierno?

(Sr. Vidal) Ante una situación excepcional de desobediencia reiterada – en la cual no estamos – el Congreso y el Senado podrán por mayorías cualificadas tomar las medidas necesarias para obligar el cumplimiento de la ley.

Dentro de “medidas necesarias”, que nunca se ha definido jurídicamente, puede caber casi todo  – lo que no puede caber es la fuerza. Algún político ha dicho que “si se sacan las urnas, enviaría a los tanques a quitarlas.” Una cosa – que considero muy irresponsable – es que los políticos digan usar la fuerza y otra cosa es llegar a eso; pero sería dinamitar el sistema constitucional. El derecho al voto es una garantía constitucional y  esto va ser el núcleo detonante de la crisis. Se darán cuenta que no será posible ejecutar estas amenazas  cuando hay 2 o 3 millones de personas demandando su derecho a votar. ¿Cómo se imponen? En los años 30 se hizo con tanques, claro; pero hoy afortunadamente ya no se puede hacer de esta manera. La fuerza está condenada al fracaso, no se toleraría en Europa.

Si no se ponen de acuerdo, la última palabra la tendrá el Tribunal de la Justicia. Para eso existe. Las leyes no existen en forma aislada, existen para resolver disputas políticas y sociales. La función del Tribunal será adaptar el derecho a la realidad social.

(CS) También se ha hablado de una reforma constitucional y “una tercera vía” para resolver la crisis entre España y Cataluña. ¿Cómo ve Vd. esa posibilidad?

(Sr. Vidal) La reforma constitucional, que ahora finalmente está planteando el PSOE, es viable y necesaria – y yo creo que será la realidad en las próximas elecciones.

(CS) ¿Se refiere al impacto electoral de Podemos?

(Sr. Vidal) Efectivamente. La inmensa mayoría de la población española está convencida de su necesidad porque ha quedado obsoleta la constitución actual. Ya no responde a las necesidades de la sociedad, y esto ha quedado en evidencia.

Refiriéndose a Podemos, ellos obligarán al Partido Popular finalmente adoptar – o aceptar – estas medidas por más que se empeñen en no aceptarlas. Cuando ellos se encuentren solos, sin mayoría absoluta en el Congreso y con todas las demás fuerzas políticas en su contra, tendrán que aceptarlas.

(CS) ¿Qué aspectos de la actual Constitución habrían que reformarse, en su opinión?

(Sr. Vidal) Hay tres:

  1. Reconocer la supresión del Artículo 2 y que Iberia está formada por cinco naciones históricas: Portugal, Cataluña, Euskadi, Galicia y Castilla. Ésta es la realidad plurinacional de la península y de ahí, podremos construir una nueva estructura política más incluyente dentro den una nueva república ibérica del futuro. Existiría un centro, pero con un grado de multilateralidad e igualdad con las naciones, y todo integrado en la Unión Europea. Yo creo que será la realidad al final, pero ¿cuándo? – no lo sé.
  2. En cuanto al sistema político, como ya he dicho: suprimir la monarquía e instituir una república. Independientemente de cualquier valoración del monarca actual o anterior, la institución ya no tienen ninguna función. Yo creo que el actual rey tiene los días de su oficio contados:
  3. Instaurar un verdadero sistema de separación de poderes. Hoy existe una separación formal, pero no es real – están todas las instituciones del estado en las mismas manos. El Partido Popular es el gobierno y también goza de mayoría absoluta en el Congreso. La cúpula del poder judicial también lo escogen ellos. ¿Qué clase de democracia es esta? Aunque no fuera el Partido Popular al mando; por eso hemos querido evitar la posibilidad de las mayorías absolutas en nuestro borrador de constitución.

(CS) La postura de los líderes europeos (por ejemplo Jean-Claude Juncker, Angela Merkel, José Manuel Barroso) es públicamente que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea y de la zona Euro en el caso de la independencia. ¿Puede Vd. responder desde el punto de vista de los pactos y las leyes europeos que rigen los procesos de adhesión a la unión?

(Sr. Vidal) He podido estudiar a fondo este tema y mi valoración personal – en la que coinciden un centenar de catedráticos de derecho europeo del Grupo Praga – es que esta cuestión simplemente no está contemplada. Con lo cual las declaraciones de los mencionados políticos solo representan sus opiniones, no son vinculantes jurídicamente.

La posibilidad de que un territorio de un estado miembro se separe no está previsto, ni las consecuencias: que los ciudadanos pierdan su ciudadanía, que se levanten barreras donde no existían, que el nuevo estado quedara fuera de la Unión. Tampoco está previsto qué régimen jurídico habría que aplicarse para que el nuevo estado tuviera que volver a entrar, en el caso que quedase fuera: ¿sería el proceso ordinario o sería un proceso extraordinario? Al final se trata de un territorio que ya formó parte de la Unión y cuyo marco jurídico y regulatorio ya está perfectamente alineado con la normativa europea. No tendría sentido aplicar el mismo proceso que le podría tocar a un estado disimilar como Ucrania.

Al final, el pragmatismo europeo obligará a regular esta cuestión. Nadie se cree que estos nuevos estados quedarían fuera al largo plazo; durante un tiempo quizá, pero no por mucho. Sería impensable y perjudicial a todos los europeos, no solo para los que se independizan. Además los catalanes han expresado pública- y reiteradamente su deseo de continuar formando parte de la unión europea, no se trata de un pueblo poniendo condiciones a su participación. Los cambios vendrán, pero solo cuando Europa se ven obligada a cambiar.

(CS) Respecto una hipotética transición a la independencia ¿cómo impactaría ésta en el marco jurídico y normativo en que operan las empresas y los inversores en Cataluña? ¿Qué deberían entender los empresarios e inversores extranjeros respecto una transición a la independencia para poder planificar las estrategias de sus compañías?

(Sr. Vidal) Esta es una cuestión muy sencilla, porque ya está contemplado en la ley internacional y europea. La ley establece el principio de la continuidad; desde el momento que nace un nuevo estado, asume todas las obligaciones del estado matriz; no cambiaría nada. Todas las normas y leyes seguirán en vigor. Durante un periodo de 3 o quizás 5 años, los que toquen mientras el estado catalán va construyendo un nuevo marco legal, seguiría rigiendo la ley española. Por lo tanto, no habría la más mínima incertidumbre legal para las empresas  y los inversores, sus derechos estarían todos garantizados igual que hoy.

Muchísimas gracias por concederme esta entrevista, por su tiempo y su amabilidad, Sr. Vidal.


Sources and Notes:

[1] “Artículo 92.

  1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
  2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
  3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.”

[2] La fecha que se proclamó la suspensión cautelar

[3]  “Artículo 155.

  1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”
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“Our obligations to our country never cease but with our lives.“

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